El Gobierno peruano implementó el martes una ley que dará más voz a los pueblos indígenas frente al desarrollo de proyectos mineros y energéticos, lo que según analistas podría reducir los crecientes conflictos sociales en el país.

El presidente Ollanta Humala había firmado la denominada ley de consulta previa en septiembre del 2011 y ahora publicó el reglamento de la norma bajola cual las empresas y el Estado intentarán lograr consensos con las comunidades frente al desarrollo de minas o yacimientos petroleros, entre otro planes.

El mandatario afirmó que la reglamentación de la ley de consulta previa mejorará el clima social en el país y que el Gobierno hará respetar los derechos de los pueblos indígenas a través del diálogo. “Hoy se ha publicado el reglamento de la ley de la consulta para que podamos trabajar en paz, para que esto mejore el clima social y para que desde el Gobierno le digamos a las comunidades indígenas que nosotros los consideramos ciudadanos de primera categoría”, indicó el presidente. Sin embargo, el resultado del proceso de consulta no será vinculante salvo en aquellos aspectos en que hubiera acuerdo entre las partes, señaló el reglamento de la ley publicado en el diario oficial El Peruano. “Si no se alcanzara el acuerdo o consentimiento sobre dichas medidas, las entidades promotoras se encuentran facultadas para dictarlas, debiendo adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos”, precisó la norma. Analistas consideran que la ley debería frenar el malestar social de las comunidades indígenas de Perú, golpeadas por la pobreza pese a que viven en zonas de vastas reservas naturales y focos de millonarias inversiones extranjeras.

FALTAN DETALLES CLAVE Perú tiene proyectos por unos 50.000 millones de dólares en la próxima década, dinero que podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo -que en ocasiones se torna violento- de pobladores irritados por no sentir los frutos de la bonanza económica y temerosos de que afecten su medio ambiente. La ley de consulta previa aplica parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las poblaciones que viven organizadas en comunidades campesinas y comunidades nativas y que desciendan de pueblos que habitaban en el país en la época de la colonización también podrán acogerse a la ley de consulta, precisa el reglamento.

Expertos afirman, sin embargo, que la norma es ambigua debido a que no define con claridad qué comunidades descienden de pueblos que habitaban en el país en la época de la colonización. José de Echave, ex viceministro del Ambiente y uno de los principales impulsores de la ley de consulta, afirmó que la actual reglamentación es mucho más restrictiva que los alcances del Convenio 169 de la OIT. “La perspectiva era seguir al convenio 169 () el hecho de descender de poblaciones que habitaban antes de la conquista es mucho más exigente, ese puede ser un problema”, dijo en una entrevista telefónica con Reuters. Según la reglamentación, el Ministerio de Cultura deberá publicar en 30 días la base de datos de las comunidades indígenas que podrán acogerse a la ley de consulta previa.

Las comunidades indígenas se han opuesto al desarrollo de minas y lotes petroleros debido a que temen perder sus tierras ancestrales o que contaminen sus recursos hídricos. Por su parte, las empresas dicen que los proyectos permitirán avances económicos en las regiones pobres del país rico en recursos naturales. Ante los altos precios de las materias primas, los inversores están interesados en entrar en áreas remotas en países emergentes menos explorados como Perú. El reglamento establece que el plazo máximo para el desarrollo del proceso de consulta previa con las comunidades indígenas será de 120 días calendario, tiempo después del cual la autoridad podrá tomar una decisión final.

Actualmente existen más de 200 conflictos sociales latentes en Perú, concentrados en las zonas donde vive la tercera parte de peruanos que aún es pobre, según cifras oficiales.

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